El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue enviado a prisión preventiva tras ser formalmente imputado por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, derivados de la grave crisis bancaria que provocó el colapso de Ueno Bank. La medida cautelar, dictada por el juez Humberto Otazú, garantiza el desarrollo del proceso judicial y evitar un posible riesgo de fuga.
La situación legal de Peña se agravó luego de ser destituido mediante un juicio político exprés en el Senado y arrestado en su domicilio particular a raíz de las millonarias afectaciones a cerca de tres millones de cuentas. Mientras el Ministerio Público investiga la presunta manipulación de recursos públicos e institucionales en favor de la entidad financiera, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado para completar el periodo constitucional.