El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó un decreto que modifica los protocolos de actuación policial durante manifestaciones sociales, permitiendo la intervención inmediata de agentes antidisturbios cuando se registren actos de violencia, vandalismo o bloqueos que afecten servicios esenciales.
La medida fue anunciada el martes 13 de octubre, en vísperas de una movilización convocada por sectores de oposición al Gobierno colombiano, lo que provocó cuestionamientos sobre sus posibles efectos en el derecho a la protesta.
Mediante el Decreto 1525, las autoridades podrán intervenir ante determinadas conductas violentas sin tener que concluir previamente todas las etapas de diálogo y negociación con los manifestantes.
El Gobierno explicó que la disposición busca proteger tanto a quienes participan pacíficamente en las marchas como a las personas que no forman parte de ellas, especialmente cuando existen riesgos para su seguridad o movilidad.
Entre las medidas contempladas se encuentra la habilitación de corredores humanitarios para permitir el tránsito de ambulancias, personal de emergencia y personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la oposición han cuestionado la modificación, al considerar que podría ampliar excesivamente las facultades policiales y facilitar intervenciones desproporcionadas.
Por su parte, De la Espriella sostiene que la protesta pacífica seguirá protegida y que las nuevas disposiciones están dirigidas a impedir actos violentos. La aplicación del decreto será observada en el contexto de las movilizaciones anunciadas contra su administración