Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como príncipe Andrés, inició acciones legales para cuestionar la validez de las órdenes de allanamiento utilizadas por la policía británica durante la investigación que derivó en su detención en febrero de 2026.
El hermano menor del rey Carlos III fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público y posteriormente interrogado por la Policía de Thames Valley. Fue puesto en libertad ese mismo día sin que se presentaran cargos en su contra.
La investigación está relacionada con acusaciones de que habría compartido información confidencial durante la época en la que se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido. Mountbatten-Windsor ha negado haber cometido irregularidades.
Como parte de las diligencias realizadas en febrero, las autoridades efectuaron registros en propiedades relacionadas con el expríncipe, después de obtener órdenes judiciales autorizadas por un juez en Londres. Su defensa busca ahora una revisión judicial sobre la legalidad de esos mandamientos.
El recurso se concentra en la manera en que fueron obtenidas y ejecutadas las órdenes de registro. La impugnación no significa, por sí misma, que la investigación penal quede suspendida, y la Policía de Thames Valley ha señalado que las indagatorias continúan.
El proceso legal también ha generado atención dentro de la familia real, fuentes citadas por medios británicos señalaron que los recursos privados proporcionados por el rey Carlos III a su hermano no deberán utilizarse para financiar esta batalla judicial.
Por ahora, Mountbatten-Windsor no ha sido acusado formalmente de ningún delito, mientras continúa tanto la investigación policial como el procedimiento mediante el cual su equipo legal busca cuestionar las órdenes de allanamiento