El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir para permitir que continúen las deportaciones de migrantes hacia países distintos a sus lugares de origen, una de las medidas implementadas como parte de su política migratoria.
La solicitud se presentó después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuviera vigente una resolución de un juez federal que establece mayores garantías para las personas que podrían ser enviadas a terceros países.
La decisión judicial exige que los migrantes tengan una oportunidad para manifestar si temen ser perseguidos, torturados o enfrentar algún otro riesgo en el país al que las autoridades estadounidenses pretenden trasladarlos antes de que se concrete la deportación.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó que la administración recurrió al máximo tribunal estadounidense para intentar revertir las restricciones y permitir que las autoridades migratorias retomen el procedimiento.
Desde la Casa Blanca se argumenta que las notificaciones y procesos previos ordenados por los tribunales generan dificultades para la operación de las agencias migratorias y pueden provocar retrasos o cancelaciones de vuelos destinados a trasladar a personas fuera de Estados Unidos.
La administración Trump considera las deportaciones hacia terceros países una herramienta dentro de su política para incrementar las expulsiones, particularmente en aquellos casos en los que existen obstáculos para regresar a los migrantes directamente a sus lugares de origen.