La Cámara de Diputados aprobó, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que los aspirantes a la Presidencia de la República y a las gubernaturas estatales deben contar de manera exclusiva con la nacionalidad mexicana. La modificación legal estipula que quienes ejerzan la titularidad del Poder Ejecutivo federal o local tendrán prohibido adquirir o ejercer una segunda nacionalidad, utilizar pasaportes expedidos por gobiernos extranjeros, ejercer derechos políticos fuera del país o acogerse a protección diplomática exterior, medida que entrará en vigor para los procesos electorales de 2028 y no aplicará para los mandatarios actualmente en funciones.
Durante el debate en el pleno, legisladores del bloque mayoritario sostuvieron que el dictamen busca garantizar la lealtad institucional de los gobernantes y evitar conflictos de interés con entes o naciones extranjeras, asegurando que los derechos de la comunidad migrante se mantienen salvaguardados en la Carta Magna. Por su parte, la oposición rechazó la iniciativa al señalar que representa una regresión en materia de derechos humanos que estigmatiza a millones de mexicanos con residencia o doble nacionalidad en el extranjero, al tiempo que acusó que se trata de un intento por inhabilitar a perfiles opositores de cara a las próximas contiendas electorales.