El Gobierno de los Estados Unidos incrementó la presión económica sobre Cuba tras anunciar un nuevo paquete de sanciones dirigido a nueve empresas estatales de minería, metales y construcción, además de los altos mandos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las medidas acusando a la institución gubernamental de coordinar redes de subversión e influencia en territorio estadounidense bajo el pretexto de actividades culturales y políticas.
Las restricciones diplomáticas coinciden con un operativo de seguridad desplegado en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza retuvieron e interrogaron a ciudadanos estadounidenses a su regreso de La Habana. Tras la inspección de sus dispositivos electrónicos y una revisión secundaria ordenada por las autoridades federales, los viajeros fueron liberados e ingresaron al país sin que se reportaran detenciones permanentes.