El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, inició su gobierno con una política de mano dura contra grupos criminales y el anuncio de que no habrá nuevos diálogos de paz con organizaciones armadas.
Un día después de su toma de posesión, un coche bomba explotó en una caseta de peaje en construcción sobre la carretera Panamericana, en el suroeste del país. El ataque dejó a dos personas con heridas leves y fue atribuido por las autoridades a células disidentes de las extintas FARC.
El atentado ocurrió después de que De la Espriella advirtiera, durante su discurso de investidura, que los grupos armados deberán someterse a la ley o enfrentarán la fuerza del Estado. Como primera medida de su gobierno, ordenó trasladar a 117 reclusos considerados delincuentes y cabecillas del microtráfico a cárceles de máxima seguridad para impedir que continúen operando desde prisión.