La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa, instigación a delinquir y atentados contra los servicios públicos y medios de transporte. La resolución fue dictada por el fiscal Brayan Melga en relación con las protestas y bloqueos de carreteras registrados durante siete semanas, entre mayo y junio, los cuales fueron impulsados por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana con apoyo de sectores afines a Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La medida judicial abarca también a Marco Argollo, dirigente de la COB, y a Vicente Salazar, líder campesino que permanece en detención preventiva desde el seis de julio. Los bloqueos generaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, pérdidas económicas por tres mil millones de dólares y un saldo de 16 fallecidos, trece de ellos por la interrupción en la atención médica. Ante la orden emitida, Morales declaró que no es la primera medida de este tipo dictada en su contra y sostuvo que la acción responde a un intento por ocultar la situación del país.