La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar en todo el país la investigación y sanción de este delito, además de fortalecer la protección de las víctimas y garantizar la cero impunidad.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la propuesta busca evitar que los feminicidios sean clasificados como otros delitos, como suicidios, y asegurar que todas las fiscalías del país actúen bajo los mismos criterios con perspectiva de género.
Recordó que en mayo se reformó la Constitución para permitir la creación de una ley general que garantice que los feminicidios sean investigados bajo los mismos criterios en todo México
La iniciativa establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y contempla penas de 50 a 70 años de prisión, además de 19 agravantes que incrementarían la sanción en casos como víctimas embarazadas, con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o cuando el responsable sea un servidor público.
Asimismo, prevé que las personas sentenciadas pierdan derechos como la patria potestad, la guarda y custodia, la tutela y la posibilidad de ocupar cargos públicos, además de establecer que el delito sea imprescriptible y sin posibilidad de amnistía o reducción de la pena.
La propuesta también contempla protocolos de investigación homologados, atención integral a las víctimas directas e indirectas, reparación del daño, la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y campañas permanentes para prevenir la violencia contra las mujeres.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de investigar con la debida diligencia el feminicidio que deberá de realizarse con perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas.
Se establece que la Unidad o Fiscalía Especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones para garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. Además, la ley dispone derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de políticas públicas.
Sheinbaum destacó que, aunque el feminicidio ha disminuido 36 por ciento respecto a 2021, el objetivo de su administración es que no exista un solo caso en el país.