La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).
El objetivo de la iniciativa es evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos públicos en las elecciones de 2027.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que el mecanismo permitirá a los partidos políticos conocer si alguno de sus aspirantes presenta antecedentes o posibles riesgos relacionados con actividades criminales.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada”, señaló Sheinbaum.
La presidenta indicó que la propuesta se elaboró respetando el principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución.
¿Cómo funcionará la Comisión?
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El organismo funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Los partidos podrían entregar de manera voluntaria las listas de aspirantes para que sean revisadas por dependencias como:
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
Las autoridades únicamente informarían si existe o no un “riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos criminales, sin revelar carpetas de investigación ni datos confidenciales.
Con esa información, los partidos políticos decidirían si registran o no la candidatura correspondiente. En caso de detectarse información relevante, las autoridades continuarían con las investigaciones de acuerdo con sus atribuciones legales.
Luisa María Alcalde explicó que quienes busquen contender por una candidatura deberán autorizar por escrito ser evaluados por la Comisión. Además, señaló que todo el proceso se realizará bajo estrictas medidas de confidencialidad para proteger el debido proceso y la información reservada de las investigaciones.
La medida surge tras recientes casos de funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado, como las detenciones de alcaldes en Morelos dentro de la Operación Enjambre.