Durante los años más violentos en Coahuila, corporaciones policiales participaron en desapariciones, ya sea mediante detenciones ilegales o en coordinación con el crimen organizado, según documenta el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El caso forma parte del procedimiento internacional activado en 2025 por posibles prácticas generalizadas o sistemáticas. De acuerdo con el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se identificaron “prácticas sistemáticas” de los años 2006 al 2016.
El documento detalla que “entre 2009 y 2011/2012, las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas, que luego fueron entregadas al cártel de Los Zetas”, periodo que coincide con la administración del exgobernador Humberto Moreira Valdez; y que “entre 2011/2012 y 2016, las autoridades estatales… llevaron a cabo directamente actos de desapariciones forzadas” mediante grupos como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
El Comité advierte que “los civiles no son víctimas accidentales, sino el objetivo deliberado del ataque”, y señala indicios de que estas desapariciones ocurrieron de forma sistemática, con posible participación o tolerancia de autoridades.
En su respuesta al organismo internacional, el Estado mexicano sostiene que no existe una política sistemática de desapariciones forzadas en el país y que muchos de los casos corresponden a la acción de la delincuencia organizada.
El caso escaló a nivel internacional luego de que el Comité solicitara al secretario general de la ONU, António Guterres, llevar la situación de México ante la Asamblea General. Frente a ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el informe y lo calificó como “parcial y sesgado”, al señalar que omite esfuerzos institucionales y que se basa en hechos ocurridos principalmente entre 2007 y 2019.
Sostiene que no existe una política de desapariciones desde el Estado, y atribuye la mayoría de los casos a la delincuencia organizada, aunque reconoce que en el pasado hubo participación o tolerancia de autoridades.
Actualmente, en Coahuila se reportan más de tres mil 300 personas desaparecidas y 333 no localizadas, con 661 investigaciones abiertas y 39 sentencias. El análisis del Comité contra la Desaparición Forzada continúa para determinar si estos hechos responden a fallas estructurales del Estado frente a las desapariciones.