Jericó Abramo Masso, diputado federal por Coahuila, ha propuesto la adición de un cuarto y quinto párrafo al artículo 151 de la Ley General de Educación, con los que se prohibiría el cobro de cuotas de reinscripción en escuelas públicas y privadas; es decir, de proceder esta reforma, solo se realizaría un solo pago por inscripción al iniciar cada nivel educativo.
“Eliminar esta cuota no es un asunto menor, significa aliviar la economía familiar y cerrar una puerta más a la deserción escolar”, declaró el legislador. De este modo, la reinscripción por ciclo escolar representaría un trámite administrativo para continuar con el servicio educativo que ya se ha pagado.
Esta propuesta establece que el pago se realizaría solo al inicio de, por ejemplo, el nivel secundaria, con la única excepción de que el alumno haya interrumpido sus estudios durante el tiempo equivalente o superior a un ciclo escolar (semestre o cuatrimestre) y solicite nuevamente incorporarse a la institución.
Abramo Masso señaló que está medida está pensada para combatir la deserción escolar que enfrenta el país, en donde las principales causas se vinculan a barreras económicas. El ciclo escolar 2024-2025 presentó una disminución del 1.26% de alumnos matriculados al sistema educativo nacional, con alrededor de 430 mil 700 alumnos menos que en el ciclo escolar 2023-2024. Esta baja afectó principalmente a la educación pública, cuyos alumnos matriculados se redujeron en un 1.6% (con información de El Economista).
El diputado señaló también que los pagos de cuotas de reinscripción pueden coincidir con gastos adicionales como útiles y uniformes escolares, lo que se traduce en una etapa difícil para la economía de muchas familias mexicanas, que al no poder solventar la suma de gastos educativos podrían optan por desertar.
Para evitar que la eliminación de cuotas se traduzca en un aumento en el costo de inscripción, la iniciativa prevee el monitoreo por parte de autoridades que, en caso de detectar incrementos sin apego a la normatividad, avisarán a instancias competentes para iniciar el proceso pertinente en cada caso.
Todo esto busca tomar coherencia con el principio constitucional de gratuidad y accesibilidad a la educación, según señaló el legislador, con miras a combatir el analfabetismo en México.